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Ley 157 abre la banca formal a pequeños productores, resalta Justiniano

El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, calificó como un hito la promulgación de la Ley 157 y aseguró que esa norma eliminará barreras que impedían a pequeños productores a acceder a condiciones financieras justas.

La Ley 157, promulgada por el presidente Rodrigo Paz en la inauguración de la Agropecruz, autoriza la conversión voluntaria de pequeña a mediana propiedad.

A pesar de las observaciones de organizaciones campesinas e indígenas que no asistieron al evento, el Gobierno ratificó que la medida es una respuesta a una «necesidad latente» de más de 15 años.

En ese contexto, Justiniano dijo que la norma busca corregir una distorsión del mercado que castigaba a los más vulnerables. Al no estar considerados mediana propiedad, miles de productores estaban excluidos de la banca comercial y dependían de créditos directos de empresas de insumos.

“¿Por qué el pequeño estaba condenado a tener que hacer trato con las casas comerciales teniendo créditos muchísimo más altos? O sea, del 15, 18, 20, 22, 25%. Cabalmente se acaba esa discriminación tan notoria que condenaba a los pequeños productores a tener que buscar otro tipo de financiamientos”, dijo Justiniano en Red Uno.

Asimismo, explicó que a partir de la fecha los productores podrán acceder al sistema financiero formal con tasas adecuadas al sector, que oscilan entre el 6% y el 7.5%, permitiendo que el fruto de su cosecha rinda mejor.

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Voluntaria

Ante la susceptibilidad de sectores sociales, el ministro aclaró que la Ley 157 no es impositiva ni afecta a la propiedad comunitaria.

“Esto está destinado para el pequeño productor privado, no comunidades. Es de manera voluntaria, se repite claramente: voluntaria”, acotó.

Además, aclaró que para garantizar que la ley no se convierta en un obstáculo burocrático, habrá en la dinámica del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). A partir de la solicitud del productor, la entidad tendrá un tiempo máximo para actuar.

“El INRA tiene un tiempo marcado como máximo de 10 días para poder cumplir esa voluntad que cuando el pequeño productor lo pida, lógicamente poder obtenerlo y sea un trámite expedito”.

Justiniano también resaltó que esta norma es un punto de partida para una agenda más amplia a favor del sector productivo y adelantó que se presentarán más de 40 leyes incluyendo programas como «Mi Bolivia Lechera» y normativas para permitir ventas a futuro.

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Fuente original: larazon.bo →